Por Steven D. Prager y Chris Béné

Como país de ingreso medio ubicado en el trópico, Colombia no es el primer país en el que muchos piensan cuando se habla de problemas de seguridad alimentaria. Colombia ocupa el puesto 43 de 113 países en el Índice Global de Seguridad Alimentaria, y su situación es igual o mejor que la de muchos de sus vecinos sudamericanos. Por otro lado, existen grandes desigualdades en Colombia y el país actualmente acoge a muchos de los refugiados que están huyendo de la crisis humanitaria en Venezuela. Estas y otras cuestiones hacen que la situación en cuanto a seguridad alimentaria esté intrínsecamente vinculada con un sistema alimentario funcional.

¿Cómo le está yendo entonces al sistema alimentario colombiano (y a su seguridad alimentaria) ante la pandemia mundial actual? En otras palabras, la COVID-19 ha afectado a todos de alguna manera. En todo el mundo, países ricos y pobres están sufriendo el impacto del virus, se están recuperando o aún esperando que venga lo peor. En el ámbito mundial, una de las señales tempranas del potencial de las repercusiones a largo plazo de la covid se hizo evidente por el casi inmediato impacto sobre los sistemas alimentarios. En muchas partes del mundo, las personas deben hacer largas colas en los supermercados solo para encontrar estanterías vacías y escasez general de productos básicos.

Desafortunadamente, los sistemas alimentarios de muchos países de ingreso bajo o medio se vieron afectados de manera desproporcionada. Aquí en Colombia, por ejemplo, los mercados se abarrotaron apresuradamente y se vaciaron parcialmente. Con una movilización altamente regulada, como parte de unas estrictas medidas cuarentenarias, había poca oportunidad de reabastecerse y, sin regularidad en el trabajo, el poder adquisitivo de muchos colombianos se redujo rápidamente.

Colombia es uno de los países con las medidas de confinamiento más largas. Comenzaron el 21 de marzo y actualmente todavía se encuentran en vigencia (20 semanas consecutivas) y, por varias semanas, solo un miembro de la familia tenía permitido salir dos veces por semana por provisiones (a comprar alimentos o medicinas). Lamentablemente, a pesar del estricto confinamiento, el número de casos y de muertes relacionadas con la COVID-19 sigue en aumento. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, hoy en día hay cerca de 400.000 casos registrados y más de 13 mil muertes atribuidas al virus. En la actualidad, Colombia ocupa el cuarto puesto en cuanto a número de casos en América del Sur (después de Brasil, México y Perú—al 11 de agosto de 2020, según datos de la Universidad de Johns Hopkins).

Fuente: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html

El confinamiento afectó y sigue afectando en mayor proporción a la población urbana en situación de pobreza. Este segmento de la población no solo enfrenta dificultades para movilizarse y abastecerse de alimento, sino, como el sistema de transporte se suspendió, no han podido trabajar. En resumen, entre más pobre sea uno en Colombia, más probabilidades tiene de sufrir inseguridad alimentaria.

Lo anterior describe la fragilidad de los sistemas alimentarios y la función que desempeñan características socioeconómicas particulares (p. ej., riqueza) en minimizar o agravar los desafíos relacionados con las fallas de los sistemas alimentarios. Con la creciente urbanización acaecida en los últimos años y una economía cada vez más diversificada, la importancia de los vínculos entre las áreas urbanas y rurales, sobre todo en lo concerniente a la resiliencia nacional en tiempos de crisis, se ha posicionado en primer plano.

Ello ocurre especialmente cuando se examina el sistema alimentario y actualmente en Colombia existe voluntad de convocar a un “pacto intersectorial” diseñado para proveer nuevas condiciones de conectividad e infraestructura en las áreas rurales donde se origina gran parte del suministro de alimentos. Los sistemas alimentarios vinculan lo rural con lo urbano, al rico con el pobre, y esto significa un desarrollo positivo para todos.

A un nivel más comunitario, las “escuelas rurales alternativas” están surgiendo en muchas áreas críticas para el proceso de paz en curso en Colombia. Dichas organizaciones se han esforzado para fomentar el establecimiento de huertos familiares que en gran medida son orgánicos y que sustentan dietas saludables incluso cuando los cultivos básicos se ven afectados por sequías u otras dificultades. Los huertos familiares también han promovido la creación de redes comunitarias resilientes donde las personas intercambian vegetales y se brindan apoyo mutuo.

Los complejos desafíos de Colombia no han pasado desapercibidos en el ámbito mundial. A comienzos del periodo de cuarentena, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (UN OCHA, sus siglas en inglés) determinó que la escasez de alimentos derivada de la pandemia se vería agravada por el acaparamiento, el aumento de los precios y la escasez de mano de obra. A finales de abril, el Programa Mundial de Alimentos, ya muy activo en Colombia brindando apoyo a refugiados venezolanos altamente vulnerables, reportó más de 900.000 solicitudes directas de apoyo de parte de personas que se esforzaban por hacer frente a la COVID-19. Desafortunadamente, la crisis solo ha seguido creciendo y, a mediados de junio, había cerca de 50.000 casos más de los que se reportaban a finales de abril. En una reciente actualización de UN OCHA, la organización humanitaria estimaba que se necesita algo más de US$300 millones para ayudar a Colombia en su lucha contra la pandemia. De esos recursos, más de la mitad son necesarios para abordar necesidades básicas en materia de cohesión social, seguridad alimentaria y estrategias de medios de subsistencia.

De hecho, como ya se mencionara anteriormente, una parte significativa del problema que afecta al país radica en que hay muchas personas empleadas en el sector informal. En todo Colombia, los gobiernos subnacionales y municipalidades locales reconocieron la necesidad de intervenciones tempranas para apoyar a personas cuyos medios de subsistencia dependían completamente de su capacidad de circular en el ámbito de los empleos informales. En Cali, por ejemplo, a finales de marzo, el gobierno municipal movilizó una masiva red de apoyo para facilitar que llegara alimento a personas que normalmente participaban en la economía informal. El gobierno municipal reorientó COP60 millones (aproximadamente US$16 millones) para brindar apoyo a un programa de distribución de alimentos que llega a la partes más afectadas de la ciudad.

Ejemplos como las escuelas rurales alternativas y la acción temprana del gobierno municipal de Cali ilustran un nivel de comprensión e intuición a nivel local/municipal, con respecto a los problemas que se les presentan. Muchos en Colombia se preguntan a sí mismos de qué manera puede aprender Colombia de la presente crisis y transformarse para adquirir mayor resiliencia. El replanteamiento de la función de los sistemas alimentarios en relación con la economía colombiana ya dio inicio, con el reconocimiento de que el país cuenta con los recursos para producir una proporción de alimento mayor de lo que consume.

¿Puede Colombia transformar esta crisis en una oportunidad? Hasta ahora, las respuestas nacionales y locales han logrado evitar los peores resultados potenciales. Muchos ven esto como una oportunidad para que la gente sopese, redefina el sistema alimentario y replantee cuán importantes son los alimentos cultivados localmente, sobre todo en tiempo de necesidad. ¿Qué opina usted?

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